El alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), enfrenta una orden de arresto emitida por el Juzgado de Letras de la comuna, como medida de apremio por su responsabilidad como representante legal del municipio, ante la falta de pago de una deuda laboral a cinco funcionarios que cumplían funciones como guardias, por un monto cercano a los 108 millones de pesos. La orden de arresto se fundamenta en la ausencia de un Decreto Alcaldicio que autorice el pago de la deuda, según lo establecido en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil. El juzgado ha decretado el arresto del alcalde por un periodo de tres días como medida de apremio. Esta situación se suma a otros problemas legales que enfrenta la gestión de White, quien busca la reelección en la comuna con el respaldo del Partido Socialista. Más de 100 funcionarios mantienen 27 causas judiciales contra la Municipalidad de San Bernardo por montos que podrían ascender a los 3 mil millones de pesos. Recientemente, un informe de Contraloría reveló serias deficiencias en la gestión del alcalde en la corporación de San Bernardo, incluyendo deudas previsionales, un elevado déficit financiero y discrepancias millonarias en los ingresos y egresos de la Corporación de Educación. Además, se señala un déficit de 3 mil millones de pesos por compromisos con organizaciones sindicales y el uso indebido de la Subvención Escolar Preferencial.
Tras una audiencia en el Juzgado de Garantía de Concepción, se establecieron medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno para Luisa Fonceca Galaz, madre de la excandidata a alcaldesa Camila Polizzi, en relación con una investigación por lavado de activos vinculada a presuntos convenios fraudulentos entre la Fundación En Ti y el Gobierno Regional del Biobío. La formalización de Fonceca surge en el contexto de una amplia investigación que involucra a varios acusados, entre ellos Camila Polizzi, los hermanos Sebastián y Diego Polanco, y exfuncionarios del Gobierno Regional del Biobío. Todos ellos fueron formalizados por delitos como estafa, falsificación de documentos, usurpación de identidad y lavado de activos. La Fiscalía del Biobío sostiene que Polizzi y su expareja, Sebastián Polanco, habrían apropiado indebidamente fondos públicos mediante la Fundación En Ti, obteniendo recursos mediante asignaciones directas del gobierno regional y simulando la ejecución de proyectos. Esta investigación se conoce como el caso Lencería, debido a la justificación de gastos extravagantes, como compras de ropa interior y cenas en restaurantes, mediante boletas falsas. En el caso específico de Fonceca Galaz, se le acusa de haber suscrito un contrato de compraventa de un vehículo utilizando dinero en efectivo proveniente de fondos públicos. En la audiencia de este lunes, el tribunal mantuvo el plazo de investigación establecido inicialmente en 270 días, que culmina en agosto. Aunque el Ministerio Público había solicitado arresto domiciliario total para Fonceca, el tribunal consideró desproporcionada esta medida en relación con la gravedad del delito y no apeló a la resolución del tribunal, dando continuidad al proceso judicial.
El Tribunal Oral en lo Penal de Arica ha anunciado que el juicio contra los miembros del clan Los Gallegos, vinculado al Tren de Aragua, se reanudará de manera semipresencial el próximo lunes 6 de mayo a las 8:30 de la mañana. Esta medida permitirá la participación de los 38 imputados, quienes se encuentran en diversos penales de Chile. Este juicio, en el que se abordan 22 delitos que incluyen homicidio, secuestro y otros, contará con la presencia tanto de la defensa como de parte de la Fiscalía en la sala de audiencias. Los 38 acusados, de los cuales 34 son venezolanos y 4 chilenos, serán conectados desde los Centros Penitenciarios de Arica, La Serena, Santiago, Valparaíso, Rancagua y Concepción. Gendarmería, responsable de la custodia de los reclusos, deberá informar al tribunal las medidas adoptadas para garantizar la conexión y la debida mantención de la misma durante el desarrollo del juicio. Además, se espera que se detallen las acciones implementadas para que los imputados puedan comunicarse con sus abogados defensores, con el fin de prevenir posibles incidencias en el proceso legal. El plazo para que Gendarmería entregue esta información vence el 2 de mayo próximo, dos días antes de la reanudación del juicio. Con esta iniciativa, se busca asegurar la continuidad y la transparencia del proceso judicial, considerando la complejidad y la relevancia de los delitos imputados al clan Los Gallegos.
La Corte de Apelaciones de Temuco ha tomado una decisión crucial en el caso del alcalde de Cunco, Alfonso Coke Candia, quien enfrenta graves acusaciones por abuso sexual reiterado contra funcionarias municipales. En un giro judicial significativo, la corte ha determinado que el edil debe permanecer en prisión preventiva mientras avanza la investigación, revocando así la medida de arresto domiciliario total impuesta anteriormente por el juez Luis Olivares. Este cambio responde a los esfuerzos de la Fiscalía que no quedó satisfecha con la primera resolución y presentó argumentos convincentes ante los ministros de la Tercera Sala para asegurar una medida cautelar más severa. La fiscal Vania Arancibia expresó su conformidad con esta nueva disposición, señalando que r efleja lo solicitado desde un principio y subrayando que se han considerado seriamente las razones expuestas por su parte. La resolución se basa en la consideración de que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos imputados y el número de víctimas afectadas, que asciende a cuatro. Recordemos que la audiencia inicial estuvo marcada por los incidentes protagonizados por partidarios del alcalde y dirigidos contra profesionales de los medios, lo cual añadió tensión a un ya delicado proceso judicial. El tribunal ahora tiene ante sí la tarea administrativa de comunicarse con las autoridades penitenciarias correspondientes para designar el establecimiento donde Coke Candia cumplirá su prisión preventiva. Finalmente, la fiscal Arancibia aclara que si el alcalde no se presenta voluntariamente, el tribunal deberá emitir una orden de detención para asegurar su comparecencia ante la justicia.
En medio de una creciente controversia en la comuna de Queilen, la figura del concejal Miguel Opitz González ha sido objeto de escrutinio por parte de la Contraloría, que investiga su presunto manejo indebido de datos del Registro Social de Hogares. Este registro lo clasificaría dentro del 40% más vulnerable de la población, un hecho que ha generado fuertes reacciones tanto entre sus detractores como entre sus partidarios. Opitz González, por su parte, ha negado vehementemente cualquier irregularidad en su proceder, calificando la investigación como una maniobra política destinada a manchar su honorabilidad y su larga trayectoria de servicio público. Sin embargo, sus acusaciones no se detienen ahí, ya que señala directamente a una persona en particular como la presunta gestora de esta acción odiosa. El concejal no ha escatimado en críticas hacia lo que considera un uso político de situaciones delicadas, haciendo referencia incluso a episodios pasados en la comuna donde la primera autoridad, Marcos Vargas Oyarzun, habría estado involucrada. Sin embargo, Opitz González deja claro que una vez se aclare esta encrucijada, tomará las medidas legales necesarias para salvaguardar su integridad y la de su familia. Nadie, afirma, merece ser objeto de este tipo de tratos injustos y gratuitos. La incertidumbre persiste sobre si el incidente en cuestión fue un error involuntario o una acción dolosa, pero lo que es seguro es que este caso continúa alimentando la discusión en torno a la probidad y la buena fe de los servidores públicos, no solo en Queilen, sino en toda la comunidad.
El alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), enfrenta una orden de arresto emitida por el Juzgado de Letras de la comuna, como medida de apremio por su responsabilidad como representante legal del municipio, ante la falta de pago de una deuda laboral a cinco funcionarios que cumplían funciones como guardias, por un monto cercano a los 108 millones de pesos. La orden de arresto se fundamenta en la ausencia de un Decreto Alcaldicio que autorice el pago de la deuda, según lo establecido en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil. El juzgado ha decretado el arresto del alcalde por un periodo de tres días como medida de apremio. Esta situación se suma a otros problemas legales que enfrenta la gestión de White, quien busca la reelección en la comuna con el respaldo del Partido Socialista. Más de 100 funcionarios mantienen 27 causas judiciales contra la Municipalidad de San Bernardo por montos que podrían ascender a los 3 mil millones de pesos. Recientemente, un informe de Contraloría reveló serias deficiencias en la gestión del alcalde en la corporación de San Bernardo, incluyendo deudas previsionales, un elevado déficit financiero y discrepancias millonarias en los ingresos y egresos de la Corporación de Educación. Además, se señala un déficit de 3 mil millones de pesos por compromisos con organizaciones sindicales y el uso indebido de la Subvención Escolar Preferencial.
Tras una audiencia en el Juzgado de Garantía de Concepción, se establecieron medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno para Luisa Fonceca Galaz, madre de la excandidata a alcaldesa Camila Polizzi, en relación con una investigación por lavado de activos vinculada a presuntos convenios fraudulentos entre la Fundación En Ti y el Gobierno Regional del Biobío. La formalización de Fonceca surge en el contexto de una amplia investigación que involucra a varios acusados, entre ellos Camila Polizzi, los hermanos Sebastián y Diego Polanco, y exfuncionarios del Gobierno Regional del Biobío. Todos ellos fueron formalizados por delitos como estafa, falsificación de documentos, usurpación de identidad y lavado de activos. La Fiscalía del Biobío sostiene que Polizzi y su expareja, Sebastián Polanco, habrían apropiado indebidamente fondos públicos mediante la Fundación En Ti, obteniendo recursos mediante asignaciones directas del gobierno regional y simulando la ejecución de proyectos. Esta investigación se conoce como el caso Lencería, debido a la justificación de gastos extravagantes, como compras de ropa interior y cenas en restaurantes, mediante boletas falsas. En el caso específico de Fonceca Galaz, se le acusa de haber suscrito un contrato de compraventa de un vehículo utilizando dinero en efectivo proveniente de fondos públicos. En la audiencia de este lunes, el tribunal mantuvo el plazo de investigación establecido inicialmente en 270 días, que culmina en agosto. Aunque el Ministerio Público había solicitado arresto domiciliario total para Fonceca, el tribunal consideró desproporcionada esta medida en relación con la gravedad del delito y no apeló a la resolución del tribunal, dando continuidad al proceso judicial.
El Tribunal Oral en lo Penal de Arica ha anunciado que el juicio contra los miembros del clan Los Gallegos, vinculado al Tren de Aragua, se reanudará de manera semipresencial el próximo lunes 6 de mayo a las 8:30 de la mañana. Esta medida permitirá la participación de los 38 imputados, quienes se encuentran en diversos penales de Chile. Este juicio, en el que se abordan 22 delitos que incluyen homicidio, secuestro y otros, contará con la presencia tanto de la defensa como de parte de la Fiscalía en la sala de audiencias. Los 38 acusados, de los cuales 34 son venezolanos y 4 chilenos, serán conectados desde los Centros Penitenciarios de Arica, La Serena, Santiago, Valparaíso, Rancagua y Concepción. Gendarmería, responsable de la custodia de los reclusos, deberá informar al tribunal las medidas adoptadas para garantizar la conexión y la debida mantención de la misma durante el desarrollo del juicio. Además, se espera que se detallen las acciones implementadas para que los imputados puedan comunicarse con sus abogados defensores, con el fin de prevenir posibles incidencias en el proceso legal. El plazo para que Gendarmería entregue esta información vence el 2 de mayo próximo, dos días antes de la reanudación del juicio. Con esta iniciativa, se busca asegurar la continuidad y la transparencia del proceso judicial, considerando la complejidad y la relevancia de los delitos imputados al clan Los Gallegos.
La Corte de Apelaciones de Temuco ha tomado una decisión crucial en el caso del alcalde de Cunco, Alfonso Coke Candia, quien enfrenta graves acusaciones por abuso sexual reiterado contra funcionarias municipales. En un giro judicial significativo, la corte ha determinado que el edil debe permanecer en prisión preventiva mientras avanza la investigación, revocando así la medida de arresto domiciliario total impuesta anteriormente por el juez Luis Olivares. Este cambio responde a los esfuerzos de la Fiscalía que no quedó satisfecha con la primera resolución y presentó argumentos convincentes ante los ministros de la Tercera Sala para asegurar una medida cautelar más severa. La fiscal Vania Arancibia expresó su conformidad con esta nueva disposición, señalando que r efleja lo solicitado desde un principio y subrayando que se han considerado seriamente las razones expuestas por su parte. La resolución se basa en la consideración de que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos imputados y el número de víctimas afectadas, que asciende a cuatro. Recordemos que la audiencia inicial estuvo marcada por los incidentes protagonizados por partidarios del alcalde y dirigidos contra profesionales de los medios, lo cual añadió tensión a un ya delicado proceso judicial. El tribunal ahora tiene ante sí la tarea administrativa de comunicarse con las autoridades penitenciarias correspondientes para designar el establecimiento donde Coke Candia cumplirá su prisión preventiva. Finalmente, la fiscal Arancibia aclara que si el alcalde no se presenta voluntariamente, el tribunal deberá emitir una orden de detención para asegurar su comparecencia ante la justicia.
En medio de una creciente controversia en la comuna de Queilen, la figura del concejal Miguel Opitz González ha sido objeto de escrutinio por parte de la Contraloría, que investiga su presunto manejo indebido de datos del Registro Social de Hogares. Este registro lo clasificaría dentro del 40% más vulnerable de la población, un hecho que ha generado fuertes reacciones tanto entre sus detractores como entre sus partidarios. Opitz González, por su parte, ha negado vehementemente cualquier irregularidad en su proceder, calificando la investigación como una maniobra política destinada a manchar su honorabilidad y su larga trayectoria de servicio público. Sin embargo, sus acusaciones no se detienen ahí, ya que señala directamente a una persona en particular como la presunta gestora de esta acción odiosa. El concejal no ha escatimado en críticas hacia lo que considera un uso político de situaciones delicadas, haciendo referencia incluso a episodios pasados en la comuna donde la primera autoridad, Marcos Vargas Oyarzun, habría estado involucrada. Sin embargo, Opitz González deja claro que una vez se aclare esta encrucijada, tomará las medidas legales necesarias para salvaguardar su integridad y la de su familia. Nadie, afirma, merece ser objeto de este tipo de tratos injustos y gratuitos. La incertidumbre persiste sobre si el incidente en cuestión fue un error involuntario o una acción dolosa, pero lo que es seguro es que este caso continúa alimentando la discusión en torno a la probidad y la buena fe de los servidores públicos, no solo en Queilen, sino en toda la comunidad.
