El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó este martes una querella criminal contra María Constanza Gómez, representante legal de la Fundación Procultura, por el delito deapropiación indebida. Según la querella presentada por el CDE, la acusada habría cometido este ilícito a través de la suscripción de cinco convenios de transferencias de recursos entre la fundación y la Seremi de Vivienda y el Serviu de Antofagasta. Los cinco contratos, con un monto total de $511.058.002, involucran cuatro relacionados con el Programa de Asentamientos Precarios de la Región de Antofagasta y uno correspondiente al Programa de Recuperación de Barrios. La querella sostiene que, una vez suscritos y aprobados los convenios, se transferieron en una sola cuota los recursos fiscales a la Fundación Procultura. Sin embargo, se habrían detectado incumplimientos graves y reiterados en las actividades comprometidas por la organización no gubernamental. Los incumplimientos, según el CDE, afectaron tanto al avance físico como a la rendición financiera de las iniciativas, lo que llevó a la Seremi de Vivienda a poner término anticipado a los convenios. Además, se señala en la querella que la Fundación Procultura arrendó oficinas cuyo valor excedía significativamente el valor de mercado, sin la autorización correspondiente de las autoridades competentes, lo que implicó una destinación desproporcionada de recursos fiscales. La querella también destaca la existencia de errores contables reiterados e inexistencia de rendiciones financieras aprobadas y rendiciones técnicas aprobadas , evidenciando un retraso en el cumplimiento de las obligaciones por parte de la fundación. Se señala que, a pesar de la terminación anticipada de uno de los convenios, la querellada María Constanza Gómez Cruz no procedió al reintegro íntegro e inmediato de los fondos liquidados después de la liquidación respectiva de los convenios. En este contexto, el CDE concluye en la querella que la Fundación Procultura, representada por María Constanza Gómez Cruz, habría distraído y apropiado indebidamente la suma total de $511.058.002 de fondos que mantenían un fin público específico estipulado en los propios convenios.
La Policía de Investigaciones llevó a cabo la mañana de este jueves una serie de diligencias simultáneas en diversas oficinas del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) y de las Secretarías Regionales Ministeriales (Seremis) de Vivienda en distintas capitales regionales del país. Este operativo se enmarca en el denominadoCaso Convenios, investigado por presuntos traspasos irregulares de recursos públicos desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) a las fundaciones Enlace Urbano y EnRed Social. La solicitud para llevar a cabo estas diligencias provino del fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia Cerda, quien lidera la investigación en conjunto con el fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos. Las indagaciones se centran en esclarecer los movimientos financieros y las posibles irregularidades en relación con los convenios suscritos entre el Minvu y las mencionadas fundaciones. Alrededor de las 10:00 horas, equipos de funcionarios del Ministerio Público, en colaboración con personal de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, ingresaron a las dependencias gubernamentales en ciudades como Temuco, Valparaíso y La Serena, entre otras. Este despliegue abarcó ocho regiones del país, incluyendo Arica y Parinacota, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, La Araucanía y Los Ríos. El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se pronunció sobre estas acciones, destacando que se trata de visitas para recabar información y no de allanamientos. Montes informó que se ha solicitado información específica, incluyendo un computador, relacionada con las actividades de las fundaciones Enlace Urbano y EnRed Social. El secretario de Estado expresó que estas diligencias fueron iniciadas a raíz de inconsistencias detectadas durante investigaciones internas. Montes afirmó: Descubrimos una serie de inconsistencias que nosotros no podíamos investigar a fondo y por eso hicimos la denuncia al Ministerio Público. Además, Montes enfatizó el compromiso de su cartera con la transparencia y colaboración en la investigación: Desde el primer momento, a todas las instituciones del Ministerio se les ha dicho que pongan todo a disposición del Ministerio Público, de la Contraloría General de la República y del Consejo de Defensa del Estado. El ministro concluyó señalando que entregó personalmente toda la información relevante poco después de que el caso se hiciera público en Antofagasta, subrayando la importancia de descubrir la verdad y sancionar a quienes hayan cometido delitos en este contexto.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó este martes una querella criminal contra María Constanza Gómez, representante legal de la Fundación Procultura, por el delito deapropiación indebida. Según la querella presentada por el CDE, la acusada habría cometido este ilícito a través de la suscripción de cinco convenios de transferencias de recursos entre la fundación y la Seremi de Vivienda y el Serviu de Antofagasta. Los cinco contratos, con un monto total de $511.058.002, involucran cuatro relacionados con el Programa de Asentamientos Precarios de la Región de Antofagasta y uno correspondiente al Programa de Recuperación de Barrios. La querella sostiene que, una vez suscritos y aprobados los convenios, se transferieron en una sola cuota los recursos fiscales a la Fundación Procultura. Sin embargo, se habrían detectado incumplimientos graves y reiterados en las actividades comprometidas por la organización no gubernamental. Los incumplimientos, según el CDE, afectaron tanto al avance físico como a la rendición financiera de las iniciativas, lo que llevó a la Seremi de Vivienda a poner término anticipado a los convenios. Además, se señala en la querella que la Fundación Procultura arrendó oficinas cuyo valor excedía significativamente el valor de mercado, sin la autorización correspondiente de las autoridades competentes, lo que implicó una destinación desproporcionada de recursos fiscales. La querella también destaca la existencia de errores contables reiterados e inexistencia de rendiciones financieras aprobadas y rendiciones técnicas aprobadas , evidenciando un retraso en el cumplimiento de las obligaciones por parte de la fundación. Se señala que, a pesar de la terminación anticipada de uno de los convenios, la querellada María Constanza Gómez Cruz no procedió al reintegro íntegro e inmediato de los fondos liquidados después de la liquidación respectiva de los convenios. En este contexto, el CDE concluye en la querella que la Fundación Procultura, representada por María Constanza Gómez Cruz, habría distraído y apropiado indebidamente la suma total de $511.058.002 de fondos que mantenían un fin público específico estipulado en los propios convenios.
La Policía de Investigaciones llevó a cabo la mañana de este jueves una serie de diligencias simultáneas en diversas oficinas del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) y de las Secretarías Regionales Ministeriales (Seremis) de Vivienda en distintas capitales regionales del país. Este operativo se enmarca en el denominadoCaso Convenios, investigado por presuntos traspasos irregulares de recursos públicos desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) a las fundaciones Enlace Urbano y EnRed Social. La solicitud para llevar a cabo estas diligencias provino del fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia Cerda, quien lidera la investigación en conjunto con el fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos. Las indagaciones se centran en esclarecer los movimientos financieros y las posibles irregularidades en relación con los convenios suscritos entre el Minvu y las mencionadas fundaciones. Alrededor de las 10:00 horas, equipos de funcionarios del Ministerio Público, en colaboración con personal de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, ingresaron a las dependencias gubernamentales en ciudades como Temuco, Valparaíso y La Serena, entre otras. Este despliegue abarcó ocho regiones del país, incluyendo Arica y Parinacota, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, La Araucanía y Los Ríos. El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se pronunció sobre estas acciones, destacando que se trata de visitas para recabar información y no de allanamientos. Montes informó que se ha solicitado información específica, incluyendo un computador, relacionada con las actividades de las fundaciones Enlace Urbano y EnRed Social. El secretario de Estado expresó que estas diligencias fueron iniciadas a raíz de inconsistencias detectadas durante investigaciones internas. Montes afirmó: Descubrimos una serie de inconsistencias que nosotros no podíamos investigar a fondo y por eso hicimos la denuncia al Ministerio Público. Además, Montes enfatizó el compromiso de su cartera con la transparencia y colaboración en la investigación: Desde el primer momento, a todas las instituciones del Ministerio se les ha dicho que pongan todo a disposición del Ministerio Público, de la Contraloría General de la República y del Consejo de Defensa del Estado. El ministro concluyó señalando que entregó personalmente toda la información relevante poco después de que el caso se hiciera público en Antofagasta, subrayando la importancia de descubrir la verdad y sancionar a quienes hayan cometido delitos en este contexto.
