El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado claro que uno de sus objetivos principales en un segundo mandato será implementar un programa masivo de deportación de inmigrantes indocumentados, algo que calificó como un pilar fundamental de su campaña. Según declaraciones recientes de fuentes cercanas a su equipo de transición, el enfoque inicial estaría dirigido a los inmigrantes con antecedentes criminales, una medida que ha generado preocupación entre las comunidades afectadas. Ante esto, el número de inmigrantes indocumentados en EE. UU. es significativo, con unos 11 millones estimados, muchos de los cuales provienen de países como México, El Salvador, India y Guatemala. Aunque la mayoría de los indocumentados no tiene antecedentes criminales, un informe reciente indicó que la tasa de detención por delitos violentos o de drogas es mucho más baja entre los inmigrantes indocumentados que entre los ciudadanos estadounidenses. Durante su primer mandato, Trump deportó a más de 1,5 millones de personas, y su equipo asegura que el ritmo será aún más rápido en el segundo mandato. Tom Homan, exdirector interino del ICE, ha señalado que las deportaciones serán más selectivas, pero las familias de estatus mixto, es decir, aquellas con miembros ciudadanos y no ciudadanos, también podrían verse afectadas. Además, el futuro de los llamados “soñadores”, inmigrantes que llegaron a EE. UU. siendo niños y están protegidos por el programa DACA, sigue siendo incierto. Aunque algunos de estos jóvenes gozan de protección temporal, Trump podría decidir tomar medidas más drásticas contra ellos, algo que podría desencadenar controversias a nivel político. En cuanto a los recursos, Trump está considerando declarar una emergencia nacional para facilitar la expansión de espacios de detención y la implementación de medidas más estrictas en la frontera. A pesar de las promesas de acción rápida, defensores de los derechos de los inmigrantes alertan sobre los devastadores efectos de estas políticas, que podrían separar familias y afectar a millones de personas que han vivido en EE. UU. durante años. Con el inicio de su segundo mandato el 20 de enero, Trump apunta a restaurar las políticas migratorias de su primer gobierno, desafiando los enfoques más relajados del presidente Joe Biden. Mientras tanto, los funcionarios del ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza aún no se han pronunciado sobre los posibles cambios.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado claro que uno de sus objetivos principales en un segundo mandato será implementar un programa masivo de deportación de inmigrantes indocumentados, algo que calificó como un pilar fundamental de su campaña. Según declaraciones recientes de fuentes cercanas a su equipo de transición, el enfoque inicial estaría dirigido a los inmigrantes con antecedentes criminales, una medida que ha generado preocupación entre las comunidades afectadas. Ante esto, el número de inmigrantes indocumentados en EE. UU. es significativo, con unos 11 millones estimados, muchos de los cuales provienen de países como México, El Salvador, India y Guatemala. Aunque la mayoría de los indocumentados no tiene antecedentes criminales, un informe reciente indicó que la tasa de detención por delitos violentos o de drogas es mucho más baja entre los inmigrantes indocumentados que entre los ciudadanos estadounidenses. Durante su primer mandato, Trump deportó a más de 1,5 millones de personas, y su equipo asegura que el ritmo será aún más rápido en el segundo mandato. Tom Homan, exdirector interino del ICE, ha señalado que las deportaciones serán más selectivas, pero las familias de estatus mixto, es decir, aquellas con miembros ciudadanos y no ciudadanos, también podrían verse afectadas. Además, el futuro de los llamados “soñadores”, inmigrantes que llegaron a EE. UU. siendo niños y están protegidos por el programa DACA, sigue siendo incierto. Aunque algunos de estos jóvenes gozan de protección temporal, Trump podría decidir tomar medidas más drásticas contra ellos, algo que podría desencadenar controversias a nivel político. En cuanto a los recursos, Trump está considerando declarar una emergencia nacional para facilitar la expansión de espacios de detención y la implementación de medidas más estrictas en la frontera. A pesar de las promesas de acción rápida, defensores de los derechos de los inmigrantes alertan sobre los devastadores efectos de estas políticas, que podrían separar familias y afectar a millones de personas que han vivido en EE. UU. durante años. Con el inicio de su segundo mandato el 20 de enero, Trump apunta a restaurar las políticas migratorias de su primer gobierno, desafiando los enfoques más relajados del presidente Joe Biden. Mientras tanto, los funcionarios del ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza aún no se han pronunciado sobre los posibles cambios.
