Este martes, el exministro del Interior, Andrés Chadwick, interpuso una querella en la Corte de Apelaciones de Valparaíso contra diez diputados del oficialismo, acusándolos deinjurias graves y calumnias. Chadwick afirma que las declaraciones hechas en su contra en el escrito de la acusación constitucional contra la ministra suspendida de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, afectan su imagen y honor. Ante esto, la querella está dirigida a los diputados Daniel Melo (PS), Lorena Pizarro (PC), Mónica Arce (IND), Jaime Araya (IND-PPD), Luis Malla (LIB), Lorena Fries (FA), Jaime Sáez (FA), Ana María Gazmuri (PAH), Nathalie Castillo (PC) y Nelson Venegas (PS). El exministro sostiene que, aunque la acusación debía centrarse en Vivanco, los parlamentarios desviaron su enfoque hacia su persona, imputándole delitos graves y difamando su reputación pública. Asimismo, en el documento, Chadwick destaca que las declaraciones realizadas por los diputados son falsas y que jamás solicitó a terceros que influyeran en casos de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, como se le acusa. Asimismo, niega cualquier implicación en los casos Exalmar, Dominga y en relación con el Director de la Policía de Investigaciones. Finalmente, la exautoridad solicitó el desafuero de los diputados para poder llevarlos a juicio, argumentando que han instrumentalizado su poder legislativo para llevar a cabo un ataque mediático con el objetivo de destruir su imagen y reputación.
Este lunes la Corte Suprema confirmó de manera unánime el desafuero del diputado independiente Mauricio Ojeda, implicado en el denominado Caso Convenios. Con esta resolución, la Fiscalía Regional de La Araucanía podrá avanzar en la investigación penal y solicitar medidas cautelares, como la prisión preventiva, contra el parlamentario. Ojeda está siendo investigado por su presunta participación en el desvío de más de 730 millones de pesos a través de las fundaciones Folab y Educc. Según el fiscal regional Roberto Garrido, Ojeda habría desempeñado un rol clave, ya queél es la persona que ubica a las fundaciones, las incita a postular a estos fondos, financia su funcionamiento y realiza los contactos con funcionarios públicos que permiten la transferencia de fondos” . La indagatoria también revela que el diputado habría recibido parte de los fondos desviados y habría intentado eliminar pruebas, incluyendo la destrucción de su celular cuando fue solicitado por la Fiscalía. Además, en abril, Ojeda renunció a la bancada del Partido Republicano tras varios meses de alejamiento de las actividades del partido.
Este martes, el exministro del Interior, Andrés Chadwick, interpuso una querella en la Corte de Apelaciones de Valparaíso contra diez diputados del oficialismo, acusándolos deinjurias graves y calumnias. Chadwick afirma que las declaraciones hechas en su contra en el escrito de la acusación constitucional contra la ministra suspendida de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, afectan su imagen y honor. Ante esto, la querella está dirigida a los diputados Daniel Melo (PS), Lorena Pizarro (PC), Mónica Arce (IND), Jaime Araya (IND-PPD), Luis Malla (LIB), Lorena Fries (FA), Jaime Sáez (FA), Ana María Gazmuri (PAH), Nathalie Castillo (PC) y Nelson Venegas (PS). El exministro sostiene que, aunque la acusación debía centrarse en Vivanco, los parlamentarios desviaron su enfoque hacia su persona, imputándole delitos graves y difamando su reputación pública. Asimismo, en el documento, Chadwick destaca que las declaraciones realizadas por los diputados son falsas y que jamás solicitó a terceros que influyeran en casos de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, como se le acusa. Asimismo, niega cualquier implicación en los casos Exalmar, Dominga y en relación con el Director de la Policía de Investigaciones. Finalmente, la exautoridad solicitó el desafuero de los diputados para poder llevarlos a juicio, argumentando que han instrumentalizado su poder legislativo para llevar a cabo un ataque mediático con el objetivo de destruir su imagen y reputación.
Este lunes la Corte Suprema confirmó de manera unánime el desafuero del diputado independiente Mauricio Ojeda, implicado en el denominado Caso Convenios. Con esta resolución, la Fiscalía Regional de La Araucanía podrá avanzar en la investigación penal y solicitar medidas cautelares, como la prisión preventiva, contra el parlamentario. Ojeda está siendo investigado por su presunta participación en el desvío de más de 730 millones de pesos a través de las fundaciones Folab y Educc. Según el fiscal regional Roberto Garrido, Ojeda habría desempeñado un rol clave, ya queél es la persona que ubica a las fundaciones, las incita a postular a estos fondos, financia su funcionamiento y realiza los contactos con funcionarios públicos que permiten la transferencia de fondos” . La indagatoria también revela que el diputado habría recibido parte de los fondos desviados y habría intentado eliminar pruebas, incluyendo la destrucción de su celular cuando fue solicitado por la Fiscalía. Además, en abril, Ojeda renunció a la bancada del Partido Republicano tras varios meses de alejamiento de las actividades del partido.
