En una situación que atenta contra uno de los derechos humanos fundamentales, el derecho al agua, las comunidades del APR Huicha y APR Quetalmahue, ubicadas en la comuna de Ancud, se encuentran en grave peligro debido a la destrucción de la red de agua por parte de una empresa contratada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Actualmente, estas comunidades dependen exclusivamente de camiones aljibes para obtener agua potable. Sin embargo, esta solución se ha visto interrumpida debido a la paralización del servicio por parte de una empresa privada, que alega falta de pago de facturas por parte del gobierno regional. Es importante destacar que estos fondos provienen del gobierno central. Braulio Triviño, dirigente del APR Huicha, ha expresado su preocupación por esta situación, destacando la urgencia de una solución para evitar mayores perjuicios a la comunidad. Por otro lado, Johana Nanacuante, dirigenta del APR Quetalmahue, ha manifestado comprensión hacia el empresario propietario de los camiones aljibes, pero hace un llamado enérgico al gobierno a través de la delegada Giovanna Moreira, ya que la falta de agua afecta no solo a la población, sino también a infraestructuras vitales como un jardín infantil y un centro de salud comunitario (CESCOF) en el área. Mariela Núñez Ávila, asesora científica del APR Huicha, ha subrayado la urgencia de la situación, enfatizando que no puede permitirse ninguna dilación en la búsqueda de una solución. Esta situación crítica requiere una acción inmediata por parte de las autoridades pertinentes para garantizar el acceso a agua potable para estas comunidades y proteger así un derecho humano fundamental.
En una situación que atenta contra uno de los derechos humanos fundamentales, el derecho al agua, las comunidades del APR Huicha y APR Quetalmahue, ubicadas en la comuna de Ancud, se encuentran en grave peligro debido a la destrucción de la red de agua por parte de una empresa contratada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Actualmente, estas comunidades dependen exclusivamente de camiones aljibes para obtener agua potable. Sin embargo, esta solución se ha visto interrumpida debido a la paralización del servicio por parte de una empresa privada, que alega falta de pago de facturas por parte del gobierno regional. Es importante destacar que estos fondos provienen del gobierno central. Braulio Triviño, dirigente del APR Huicha, ha expresado su preocupación por esta situación, destacando la urgencia de una solución para evitar mayores perjuicios a la comunidad. Por otro lado, Johana Nanacuante, dirigenta del APR Quetalmahue, ha manifestado comprensión hacia el empresario propietario de los camiones aljibes, pero hace un llamado enérgico al gobierno a través de la delegada Giovanna Moreira, ya que la falta de agua afecta no solo a la población, sino también a infraestructuras vitales como un jardín infantil y un centro de salud comunitario (CESCOF) en el área. Mariela Núñez Ávila, asesora científica del APR Huicha, ha subrayado la urgencia de la situación, enfatizando que no puede permitirse ninguna dilación en la búsqueda de una solución. Esta situación crítica requiere una acción inmediata por parte de las autoridades pertinentes para garantizar el acceso a agua potable para estas comunidades y proteger así un derecho humano fundamental.
