En medio de una creciente controversia en la comuna de Queilen, la figura del concejal Miguel Opitz González ha sido objeto de escrutinio por parte de la Contraloría, que investiga su presunto manejo indebido de datos del Registro Social de Hogares. Este registro lo clasificaría dentro del 40% más vulnerable de la población, un hecho que ha generado fuertes reacciones tanto entre sus detractores como entre sus partidarios.

Opitz González, por su parte, ha negado vehementemente cualquier irregularidad en su proceder, calificando la investigación como una maniobra política destinada a manchar su honorabilidad y su larga trayectoria de servicio público. Sin embargo, sus acusaciones no se detienen ahí, ya que señala directamente a una persona en particular como la presunta gestora de esta acción odiosa.

El concejal no ha escatimado en críticas hacia lo que considera un uso político de situaciones delicadas, haciendo referencia incluso a episodios pasados en la comuna donde la primera autoridad, Marcos Vargas Oyarzun, habría estado involucrada.

Sin embargo, Opitz González deja claro que una vez se aclare esta encrucijada, tomará las medidas legales necesarias para salvaguardar su integridad y la de su familia. Nadie, afirma, merece ser objeto de este tipo de tratos injustos y gratuitos.

​La incertidumbre persiste sobre si el incidente en cuestión fue un error involuntario o una acción dolosa, pero lo que es seguro es que este caso continúa alimentando la discusión en torno a la probidad y la buena fe de los servidores públicos, no solo en Queilen, sino en toda la comunidad.